La Sentencia T-256 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia marcó un hito en la protección de los derechos de usuarios de redes sociales frente a decisiones de moderación privadas. En este fallo, el alto tribunal amparó los derechos de la influenciadora Esperanza Gómez, cuya cuenta de Instagram (con más de 5 millones de seguidores) fue eliminada de forma repentina por Meta Platforms, Inc., considerándolo un acto “arbitrario, ilegítimo y discriminatorio”.
La Corte concluyó que Meta vulneró derechos fundamentales de la demandante – libertad de expresión, igualdad, debido proceso y trabajo – al eliminar su perfil sin justificación suficiente, clara ni equitativa. Este es el primer pronunciamiento integral de la Corte sobre los derechos de influenciadores digitales frente a la moderación de contenidos en plataformas y sienta un precedente constitucional de gran alcance para empresas y personas que dependen de su presencia en redes sociales.
¿Por qué debería importarle a su empresa o marca personal?
Si usted es un empresario digital, un influenciador con millones de seguidores, un emprendedor que utiliza redes sociales, o parte de un equipo de trabajo con presencia en redes sociales, esta sentencia le atañe directamente.
Las plataformas digitales como Instagram, Facebook o TikTok suelen imponer sanciones, suspensiones o cierres de cuentas que pueden afectar gravemente la reputación y el sustento económico de sus usuarios. El caso de Esperanza Gómez (una reconocida creadora de contenido) no es aislado: otros influenciadores colombianos (como Yeferson Cossio, Epa Colombia o La Liendra) han denunciado cierres de cuentas por supuestas infracciones a políticas internas.
La diferencia ahora es que la Corte Constitucional ha trazado límites claros: las redes sociales no pueden actuar de forma ajena a la ley, y sus decisiones deben respetar los derechos fundamentales de los colombianos. A continuación, analizamos en detalle los puntos clave de la sentencia T-256/2025: los derechos vulnerados, las obligaciones impuestas a Meta, y el precedente que establece esta decisión para el futuro del compliance digital en Colombia.
El caso Esperanza Gómez vs. Meta: moderación de contenido y censura privada
En 2025, Esperanza Gómez Silva, modelo e influenciadora colombiana conocida por su trayectoria en la industria de entretenimiento para adultos, presentó una acción de tutela contra Meta (empresa dueña de Instagram) tras la eliminación arbitraria de su cuenta en dicha red social. Su perfil de Instagram (con millones de seguidores y fuente principal de ingresos) fue cerrado sin aviso claro ni oportunidad de defensa. Meta justificó la eliminación citando supuestas violaciones a sus políticas de “desnudos y contenido para adultos”, argumentando incluso la actividad “offline” de Gómez (su pasado como actriz de contenido para adultos) como razón para el bloqueo.
La demandante alegó que esta decisión vulneró sus garantías fundamentales: libertad de expresión, igualdad y no discriminación, debido proceso, derecho al trabajo y libertad de escoger profesión u oficio.En particular, denunció que fue discriminada por su pasado profesional (pornografía), dado que otras cuentas con contenido similar permanecían activas en la plataforma.
La tutela planteó retos jurídicos novedosos, como determinar si los jueces colombianos tenían competencia para controlar a una multinacional por hechos ocurridos “en” Internet, y si las políticas privadas de una red social pueden quedar subordinadas a los derechos constitucionales de los usuarios.
Tras estudiar el caso, la Corte Constitucional decidió a favor de Esperanza Gómez, sentando fuertes mensajes: sí hay jurisdicción colombiana en el ciberespacio cuando derechos nacionales se ven afectados, y las plataformas digitales, aun siendo empresas privadas, tienen obligaciones de respetar los derechos fundamentales. Veamos cada derecho vulnerado y lo que dijo la Corte al respecto.
Derechos fundamentales vulnerados por el cierre de la cuenta
La sentencia T-256/2025 identificó una vulneración múltiple de derechos fundamentales en la conducta de Meta al cerrar la cuenta de Instagram de Esperanza Gómez. En Nieto & Nieto Lawyers, analizamos cada derecho afectado y las consideraciones de la Corte, con base en la Constitución Política de Colombia y el bloque de constitucionalidad.
I.Libertad de expresión en plataformas digitales
El derecho a la libertad de expresión consagrado en el Artículo 20 de la Constitución Colombiana garantiza a toda persona la facultad de expresar y difundir sus pensamientos, opiniones e información y establece claramente que “No habrá censura”.
En el entorno de las redes sociales, la libertad de expresión se manifiesta en la posibilidad de publicar contenidos libremente y alcanzar audiencias, algo esencial para influenciadores y marcas. La Corte Constitucional reconoció que Instagram y otras redes funcionan hoy como foros públicos digitales donde se ejerce la libertad de expresión, aunque administrados por compañías privadas con ánimo de lucro. Esa naturaleza privada no exime a las plataformas del deber de proteger y maximizar la libertad de expresión de sus usuarios.
En la sentencia, el Tribunal fue enfático: toda restricción de contenido en redes sociales debe pasar un “test tripartito” de libertad de expresión. Es decir, cumplir con los siguientes principios: Legalidad Necesidad Proporcionalidad de la medida.
Al evaluar el caso, la Corte encontró que el cierre de la cuenta de Gómez no satisfizo estos criterios porque: no hubo explicación legal válida, la sanción fue extrema y desproporcionada, y se pareció más a una censura basada en la identidad de la usuaria que a una aplicación razonable de normas.
De este modo, se concluyó que se restringió ilegítimamente su libertad de expresión al silenciarla en una plataforma clave de comunicación.
II. Debido proceso digital: derecho a defenderse frente a las sanciones
El derecho al debido proceso (Artículo 29 de la Constitución) garantiza que “toda persona tiene derecho a un proceso justo” en cualquier actuación, sea judicial o administrativa. Si bien las decisiones de Instagram no son procesos judiciales, la Corte resaltó que, dada la importancia de las redes en la vida de las personas, los usuarios deben contar con garantías procesales mínimas frente a las sanciones de las plataformas. En este caso, Meta cerró la cuenta sin previo aviso, sin informar claramente las razones ni ofrecer un mecanismo efectivo de apelación , en términos prácticos, la influenciadora quedó indefensa ante la decisión arbitraria.
La Corte ordenó que las plataformas establezcan procedimientos claros, transparentes y coherentes para moderar contenido, lo cual incluye brindar a los usuarios oportunidad de controvertir las decisiones y de ser oídos antes de medidas drásticas.Si Instagram consideraba el historial offline de Gómez (su antigua profesión) como criterio para sancionarla, debía haberlo previsto explícitamente en sus normas y aun así otorgarle un derecho de defensa antes de la eliminación. Al no hacerlo, incumplió con el debido proceso. En resumen, según la Corte, las plataformas digitales tienen el deber de asegurar un debido proceso “digital” a sus usuarios: notificar la supuesta infracción, permitir explicaciones o correcciones, y ofrecer canales de apelación o revisión de la medida.
La ausencia de estas garantías procesales hizo que la sanción contra Gómez fuera nula de pleno derecho, análoga a una decisión administrativa tomada sin respetar el derecho de defensa.
III. Igualdad y no discriminación en la moderación de contenidos
Otro pilar vulnerado fue el derecho a la igualdad y no discriminación (Artículo 13 Constitucional), que obliga a dar el mismo trato y protección a todas las personas sin distinción arbitraria. Esperanza Gómez denunció que Meta actuó de forma discriminatoria, ya que cerró su cuenta por contenido sugestivo vinculado a su persona, mientras que otras cuentas con material similar o más explícito permanecían activas en Instagram. La Corte encontró mérito en esta alegación: la aplicación de las políticas de Instagram fue inconsistente y desigual. Se evidenció que Meta no aplicó sus normas de desnudos y contenido adulto de forma uniforme, sino que hubo un trato dispar dirigido específicamente contra Gómez. Esto sugiere un sesgo o discriminación, posiblemente asociado a su perfil público como actriz de cine para adultos, lo cual carece de justificación objetiva.
La igualdad ante la ley implica que situaciones equivalentes deben ser abordadas de manera equivalente. Si otras figuras o usuarios con publicaciones de índole semejante no fueron sancionados, ¿por qué solo a ella se le cerró la cuenta?. La Corte resaltó que cualquier distinción en la moderación de contenido debe obedecer a criterios razonables y conocidos, no a juicios morales o prejuicios ocultos. En la sentencia, califica el cierre como “discriminatorio, pues Meta aplicó sus políticas de manera inconsistente frente a otras cuentas con contenidos similares”.
Este trato desigual atenta contra el principio de igualdad de la Constitución y contra la obligación de las plataformas de no realizar discriminación injustificada por razones de actividad profesional, sexo, convicciones personales u otras circunstancias. Es decir, no se puede vetar a una persona por quién es o por actividades legales realizadas fuera de la plataforma, si esas mismas reglas no se aplican por igual a otros usuarios.
IV. Derecho al trabajo y libertad de profesión en el entorno digital
Por último, la Corte protegió el derecho al trabajo de Esperanza Gómez, ligado a la libertad de escoger profesión u oficio (Artículos 25 y 26 de la Constitución). El trabajo es un derecho fundamental protegido “en todas sus modalidades”, y toda persona es libre de ejercer la profesión u oficio que elija, mientras sea lícita. En la economía digital moderna, ser influenciador o creador de contenido se ha convertido en una profesión legítima, mediante la cual miles de personas generan ingresos. Aunque en Colombia aún no existe una regulación específica de la figura del influencer, la Corte fue clara en reconocer que esta actividad está amparada por la Constitución, siempre que no involucre conductas ilícitas.
En el caso de Gómez, Instagram era su principal canal de trabajo y fuente de contratos comerciales. Al cerrarle la cuenta sin justificación válida, se le impidió continuar ejerciendo su oficio de creadora de contenido y se le causó un perjuicio económico significativo (de hecho, ella afirmó haber perdido varios contratos publicitarios por el cierre). La Corte consideró que sancionar a alguien por una actividad laboral pasada (en este caso, su historial en entretenimiento para adultos, que no está prohibido por la ley) equivale a una forma de castigo social que vulnera su derecho a trabajar en lo que lícitamente elija. Incluso advirtió que las plataformas deben ser conscientes de que un cierre injustificado puede tener impactos laborales y económicos muy graves para los usuarios, pues “los perfiles en muchos casos representan la principal fuente de ingresos” de quienes trabajan en el entorno digital.
Gracias a este fallo, quedó sentado que el trabajo de los influenciadores digitales es tan respetable como cualquier otro, y goza de protección constitucional. Un bloqueo arbitrario en redes no solo afecta la expresión del usuario, sino también su derecho a obtener un sustento de manera honrada.
Esta visión amplia conecta con la tendencia mundial de reconocer derechos laborales en la economía de los creadores de contenido. En resumen, Meta vulneró el derecho al trabajo de Gómez al impedirle, sin motivo legítimo, continuar explotando su actividad comercial en Instagram; y vulneró su libertad de profesión al estigmatizar su oficio previo y usarlo en su contra, a pesar de ser una ocupación lícita.
Obligaciones impuestas a Meta por la Corte Constitucional
Además de amparar los derechos de la accionante, la Sentencia T-256 de 2025 impone obligaciones concretas a Meta Platforms, Inc. (y por extensión, orienta a todas las plataformas digitales) para corregir sus políticas y procesos de moderación de contenido. Estas órdenes buscan garantizar canales efectivos de protección judicial, mayor transparencia, reglas justas y aplicación proporcional de las normas comunitarias. Entre las principales obligaciones destacadas en el fallo se encuentran:
1.Canal de notificaciones judiciales en Colombia
Meta deberá crear un canal electrónico visible y accesible para recibir notificaciones judiciales en Colombia. Esto significa que los juzgados y autoridades nacionales tendrán una vía formal para comunicarle demandas, tutelas u otras acciones legales. La ausencia de un domicilio o representante claro en el país ya no podrá ser excusa para evadir o retrasar el cumplimiento de órdenes judiciales. Este canal agilizará la defensa de los usuarios, pues la empresa será notificada de inmediato cuando haya procesos en su contra.
2.Políticas en español y en un sitio unificado
La empresa debe asegurar que todas sus políticas, términos de servicio y normas comunitarias estén disponibles en idioma castellano, y reunidas en un sitio web unificado para Colombia. Con esto se busca que los usuarios entiendan plenamente las reglas del servicio.
Muchas veces las condiciones de uso están solo en inglés o dispersas en múltiples páginas; ahora Meta tendrá que ofrecer versiones en español claras. Esto va en línea con el mandato del Estatuto del Consumidor colombiano, que exige que en los contratos de adhesión “se utilice el idioma castellano” y que sus condiciones generales sean concretas, claras y completas. Es decir, Instagram debe presentar sus normas de forma comprensible para el público colombiano, eliminando la jerga confusa o escondida.
3.Mecanismos de impugnación de decisiones (debido proceso interno)
Meta deberá revisar y ajustar las condiciones de uso y la política de privacidad de Instagram para que los usuarios conozcan con claridad los mecanismos de impugnación cuando estén en desacuerdo con una decisión de moderación. Esto implica habilitar procedimientos accesibles para apelar bloqueos, suspensiones o eliminaciones de contenido, con plazos razonables y respuesta motivada. Antes de esta sentencia, muchos usuarios se encontraban con un “muro de silencio” al ser sancionados: no sabían a quién acudir ni cómo reclamar. Ahora, la plataforma deberá informar explícitamente cómo un usuario puede solicitar una revisión de la medida o presentar una queja formal.
Esta orden refuerza el principio de debido proceso dentro de la plataforma, obligando a Meta a dar la cara cuando toma decisiones controvertidas y a justificar sus actos. De hecho, la ley colombiana prohíbe en los contratos de consumo las cláusulas que permitan al proveedor modificar unilateralmente obligaciones o imponer condiciones inequitativas (justo lo que ocurría si Instagram se arrogaba el poder de borrar cuentas sin contrapesos). Ahora deberá haber reglas de juego más balanceadas.
4.Reglas claras y proporcionales sobre contenido sexual implícito
La Corte instó a Meta a precisar sus normas sobre contenidos sexualmente sugestivos o implícitos y cómo se relacionan con la conducta offline de los usuarios. Es decir, la plataforma debe definir con mayor exactitud qué tipo de imágenes o expresiones de sexualidad de adultos están permitidas y cuáles no, evitando ambigüedades que lleven a sanciones arbitrarias. Asimismo, si va a tener en cuenta la actividad personal del usuario fuera de la red, por ejemplo, su trabajo como modelo de contenido adulto debe establecerlo expresamente y aplicarlo de forma coherente.
En el caso concreto, la falta de una regla transparente llevó a una decisión sorpresiva y desmedida. Con esta orden, se busca que las políticas de contenido sean predecibles y acordes al principio de proporcionalidad: por ejemplo, diferenciar entre una infracción menor (que podría ameritar solo una advertencia) y una grave (que tal vez justifique suspensión), en lugar de aplicar la máxima sanción sin distinción.
5.Consulta al Consejo Asesor u órgano experto
Finalmente, la Corte pidió a Meta solicitar a su Consejo Asesor de contenido (Oversight Board) un dictamen consultivo sobre la moderación de contenidos de desnudez y actividades sexuales de adultos, especialmente respecto al uso de conductas offline como criterio. Este punto es innovador, pues sugiere involucrar a instancias especializadas e independientes para evaluar si las políticas de Instagram en materia de sexualidad adulta son justas y respetuosas de los derechos.
El Consejo Asesor de Meta (un organismo que emite recomendaciones sobre casos difíciles de moderación) deberá pronunciarse sobre cómo equilibrar la libertad de expresión sexual de los adultos con las normas comunitarias. Esto agrega una capa de accountability (rendición de cuentas) a Meta, sometiendo sus reglas a escrutinio público y experto.
Estas obligaciones son de alto impacto práctico, ya que forzan a Meta a mejorar estructuralmente sus políticas y canales de interacción con usuarios en Colombia.
En conjunto, las órdenes de la Corte buscan que las decisiones de moderación dejen de ser unilaterales, opacas e inconsultas, y pasen a ser dialogadas, transparentes y justas. Cabe resaltar que muchas de estas medidas ya estaban alineadas con exigencias legales vigentes: por ejemplo, el Artículo 37 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) dispone que en los contratos de consumo (como la relación usuario-plataforma) las condiciones generales deben ser claras y en español, so pena de ser ineficaces, y prohíbe cláusulas abusivas que desequilibren los derechos del consumidor. Al ordenar su cumplimiento, la Corte integra estas normas del bloque de legalidad al ámbito digital, enfatizando que las plataformas deben acatar la legislación colombiana de protección al usuario/consumidor cuando operan en el país.
Un precedente constitucional para las plataformas digitales (y sus usuarios)
La decisión de la Corte Constitucional en la Sentencia T-256 de 2025 sienta un precedente histórico en Colombia y la región, redefiniendo la relación entre las plataformas digitales y los derechos fundamentales. Antes, predominaba la idea de que las redes sociales, al ser empresas privadas internacionales, podían manejar sus comunidades con autonomía casi absoluta. Ahora, la Corte ha dejado claro que el mundo digital no es ajeno al Estado de Derecho: las garantías constitucionales sí aplican en Internet, y las big tech no están por encima de la Constitución colombiana.
En suma, la Sentencia T-256/2025 fortalece la jurisprudencia sobre regulación digital y tutela los derechos de los usuarios en las redes sociales. Su alcance trasciende el caso puntual de Esperanza Gómez: establece principios que deberán guiar en adelante tanto las políticas internas de las empresas tecnológicas como las decisiones judiciales en casos similares. Se trata de un precedente con efecto pedagógico para las plataformas: si no crean mecanismos de moderación claros, transparentes y no discriminatorios, se arriesgan a sanciones judiciales y al descrédito público. Y para los usuarios, especialmente aquellos con alto perfil o cuyos negocios dependen de las redes, este fallo es una garantía y una herramienta de defensa. Ahora saben que no están indefensos: pueden exigir sus derechos y acudir a la justicia colombiana si consideran que una suspensión o bloqueo ha sido injusto.
Preguntas frecuentes sobre la Sentencia T-256/2025 y los derechos en redes sociales
¿Qué derechos protege esta sentencia frente a las plataformas digitales?
Principalmente ampara los derechos a la libertad de expresión, la igualdad y no discriminación, el debido proceso y el derecho al trabajo de los usuarios (focusnoticias.com). Esto significa que las redes no pueden censurar contenido arbitrariamente (deben respetar tu expresión), no pueden aplicarte reglas que no aplican a otros (igualdad), deben darte oportunidad de defenderte ante un bloqueo (debido proceso) y no pueden quitarte tu medio de trabajo sin justificación (trabajo).
¿Puedo presentar una tutela si una red social me cierra la cuenta injustamente?
Sí. La experiencia de Esperanza Gómez demostró que la acción de tutela procede para proteger derechos vulnerados por decisiones de plataformas, incluso si son empresas privadas. La Corte afirmó que los jueces colombianos son competentes cuando el caso tiene efectos en Colombiaobservacom.org. Debes mostrar que la acción (el cierre de tu cuenta) vulnera un derecho fundamental tuyo y que no tienes otro medio efectivo para protegerlo. Si la situación es urgente o gravísima para tus derechos (p. ej., afecta tu sustento económico o tu buen nombre), un juez de tutela podría ordenarle a la plataforma reactivar tu cuenta o al menos revisar la sanción bajo parámetros justos.
¿Las redes sociales pueden “censurar” contenido libremente por ser empresas privadas?
No tan libremente. Si bien las plataformas tienen la facultad de moderar contenidos para mantener comunidades seguras, no pueden hacerlo de manera arbitraria ni violando derechos (focusnoticias.com). La sentencia dejó claro que cualquier restricción de contenido debe cumplir con legalidad, necesidad y proporcionalidad (focusnoticias.com), similares a los límites que tendría el Estado. Además, las empresas deben aplicar sus políticas de forma no discriminatoria y coherente – no se vale borrar cierto contenido a unos usuarios y tolerarlo a otros sin razón objetiva (focusnoticias.com). Tampoco pueden sancionar con base en reglas ocultas o hechos ajenos a la plataforma que no estén en sus términos. En esencia, las redes ya no pueden ser juez y parte infalibles: sus decisiones están sujetas a revisión legal si abusasen de su poder.
Si me suspendieron la cuenta, ¿tengo derecho a apelar o ser oído?
¡Deberías tenerlo! Uno de los mandatos de la Corte a Meta es justamente implementar mecanismos claros de apelación para usuarios sancionados (observacom.org.) Esto sienta un estándar para todas las plataformas: deben ofrecer canales donde puedas impugnar la decisión, presentar tu caso y obtener una respuesta. Si una red social te cierra la cuenta sin darte explicación ni chance de réplica, estaría vulnerando tu derecho al debido proceso. Tras esta sentencia, puedes exigir (incluso judicialmente) que se te brinde un procedimiento de revisión. Mientras tanto, si te ocurre, busca en la plataforma opciones como “apelar decisión” o contacta a soporte por escrito para dejar constancia de tu reclamo. Si ignoran tu solicitud, eso refuerza un eventual caso legal a tu favor.
¿Puedo reclamar una indemnización si la plataforma me causa pérdidas con un bloqueo?
Sí, es posible. En el caso de Esperanza Gómez, la Corte declaró la tutela por sus derechos, pero notó que la cuenta ya no podía restablecerse (hecho consumado), así que habilitó a la usuaria a demandar una reparación económica en la justicia ordinariaobservacom.org. Es decir, le dio vía libre para que demande a Instagram/Meta por los daños y perjuicios causados (ingresos dejados de percibir, contratos perdidos, afectación a su marca personal, etc.). De hecho, Gómez anunció que demandará a Instagram por daños tras ganar la tutelaobservacom.org. Esto crea un precedente para otros usuarios: si puedes demostrar que el actuar de la plataforma fue ilegal y te causó un perjuicio cuantificable, podrías reclamar una indemnización. En la práctica, habría que iniciar un proceso civil (o incluso una queja ante la autoridad de protección al consumidor, según el caso) donde se evalúe la responsabilidad de la empresa y el monto de los daños.
¿Qué pueden hacer empresas e influenciadores para protegerse de bloqueos injustos?
Lo primero es conocer a fondo las políticas de la plataforma que usan y cumplirlas en la medida de lo posible (ej: evitar contenido que la red prohíbe abiertamente, revisar actualizaciones de términos). Sin embargo, sabiendo que ahora existe este precedente, también pueden:
1) Exigir mayor transparencia a la plataforma – por ejemplo, solicitando por escrito las razones de una sanción y las pruebas de la supuesta infracción.
2) Guardar evidencia de su actividad lícita y de cualquier trato desigual (pantallazos, comparativas con otros usuarios), por si se requiere más adelante en un reclamo.
3) Implementar un plan de contingencia: diversificar su presencia en varias redes para no depender de una sola plataforma, y tener canales alternos para comunicarse con su audiencia/clientes.
4) En caso de un bloqueo sorpresivo, agotar los recursos internos de apelación que la plataforma ofrezca, y si no prosperan, acudir a instancias legales con el apoyo de un abogado experto en derecho digital. Gracias a la Sentencia T-256/2025, hoy hay más herramientas jurídicas para luchar contra una suspensión arbitraria.
Conclusión: hacia un compliance digital y defensa de derechos en redes sociales
La Sentencia T-256 de 2025 envía un mensaje contundente: en Colombia, las plataformas tecnológicas deben respetar la Constitución. Los influenciadores, empresarios digitales y usuarios en general no están solos frente al poder gigante de Big Tech – cuentan con protección jurídica local para equilibrar la balanza. Este precedente obliga a revaluar las políticas de uso, buscando un punto medio entre la autonomía empresarial y la dignidad y derechos de los usuarios.
Si bien las redes sociales seguirán moderando contenido para mantener entornos seguros, ahora saben que no pueden hacerlo sin reglas claras ni sin rendir cuentas. Esto abre la puerta a un compliance digital: las empresas tecnológicas deberán ajustar sus términos al marco legal colombiano, y las empresas/usuarios que operan en redes deberán también adaptar sus prácticas para cumplir las normas sin renunciar a sus derechos. Se trata de construir relaciones más transparentes y justas en el ecosistema digital.
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